Gobernadora Kelly Defiende la Privacidad de Datos en Kansas Ante Presiones Federales sobre SNAP

Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 4 de diciembre de 2025

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, enfrenta nuevamente presiones por parte del gobierno federal tras el anuncio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre la intención de retener fondos administrativos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en varios estados, incluido Kansas. Esta acción se deriva de una prolongada disputa sobre la solicitud de datos personales de miles de beneficiarios del programa.

La polémica se da en un contexto de intensas tensiones entre la administración de Trump y al menos 22 estados gobernados por demócratas, los cuales han rechazado lo que consideran una demanda ilegal, invasiva y en contra de las protecciones de privacidad.

Demandas del USDA y la negativa de los estados

Desde febrero, el USDA ha exigido a todos los estados que proporcionen información personal detallada de los beneficiarios de SNAP. Según fuentes federales, el propósito es identificar a ciudadanos estadounidenses que estarían recibiendo beneficios sin tener la elegibilidad correspondiente.

Los gobiernos estatales, incluido Kansas, argumentan que la solicitud carece de fundamento legal, invade la privacidad de los residentes y podría violar derechos constitucionales. Para estos estados, cumplir con la orden del gobierno federal sentaría un peligroso precedente en la administración de programas sociales.

Como respuesta, la administración Trump ha anunciado que retendría fondos administrativos de SNAP, lo que podría complicar la logística de los programas de asistencia alimentaria en Kansas, especialmente en áreas rurales o de elevada pobreza.

Kelly: “No tengo ningún interés en que la gente pase hambre”

Ante el anuncio del USDA, la gobernadora Kelly dejó claro su postura. En declaraciones emitidas el miércoles, afirmó que no cederá ante las presiones para divulgar datos privados de los residentes de Kansas.

“No tengo absolutamente ningún interés en que la gente pase hambre”, afirmó. “Tampoco tengo interés en ser intimidada para entregar información personal y privada. Me encuentro en una situación complicada. Debo proteger la privacidad de las personas y también asegurar que tengan alimentos en sus mesas”.

La gobernadora mencionó que está trabajando con su equipo legal para explorar los próximos pasos, sugiriendo que Kansas podría recurrir nuevamente a litigios en tribunales federales.

Un conflicto persistente

Esta no es la primera vez que el gobierno de Trump intenta sancionar a Kansas por negarse a proporcionar información sobre beneficiarios de SNAP. En septiembre, el USDA notificó al estado que podría retirar más de $10 millones en fondos relacionados con el programa.

Aunque esa acción no se materializó debido a que la gobernadora apeló la decisión y llevó el caso a los tribunales, donde aún está bajo revisión, el nuevo anuncio indica que la administración federal está dispuesta a reavivar el conflicto.

Expertos advierten que, si se llevan a cabo los recortes, miles de familias podrían enfrentar demoras en la obtención de beneficios, ya que los fondos administrativos son esenciales para cubrir el personal, los sistemas, la verificación de elegibilidad y otros componentes operativos.

Impacto en Kansas

El programa SNAP es un recurso vital para miles de hogares en el estado. Aunque no se están retirando los beneficios directos para alimentos, la suspensión de fondos administrativos podría provocar:

• Menos personal para procesar solicitudes
• Retrasos en la verificación de casos
• Tiempos de espera más largos
• Riesgo de interrupciones temporales en la distribución de asistencia

Además, las organizaciones comunitarias advierten que la incertidumbre puede desalentar a familias elegibles a solicitar beneficios, temerosas de la exposición de sus datos o de cambios en los requisitos.

Un debate nacional sobre privacidad y elegibilidad

El conflicto en Kansas es parte de un debate más amplio sobre cómo los estados gestionan datos sensibles de programas sociales. Los gobiernos locales temen que proporcionar listas con información personal de beneficiarios pueda ser utilizado para fines ajenos a SNAP o para tomar acciones punitivas contra poblaciones vulnerables.

Desde la perspectiva de la administración Trump, la transparencia es necesaria para identificar fraudes en el programa. No obstante, para los estados, la exigencia federal excede la autoridad del USDA y plantea riesgos legales y morales.

Próximos pasos

Kelly reiteró su compromiso de proteger la privacidad de los residentes mientras garantiza que las familias no pierdan su acceso a la asistencia alimentaria. Su equipo legal está analizando opciones que podrían incluir nuevas apelaciones y posibles demandas.

En este momento, Kansas sigue entre los 22 estados que se resisten a cumplir con la demanda, mientras que la administración federal evalúa cómo y cuándo aplicará recortes. El impacto final dependerá de las decisiones judiciales y de la reacción conjunta de los estados involucrados.

Es evidente que miles de familias en Kansas dependen de SNAP para satisfacer sus necesidades básicas, y cualquier interrupción en el programa representa un riesgo considerable para la seguridad alimentaria en la región.