Albuquerque Retrasa Votación Sobre Protecciones para Inquilinos: ¿Qué Sucederá Luego?

El Concejo Municipal de Albuquerque ha decidido posponer la votación de una ordenanza destinada a fortalecer las protecciones para inquilinos en la ciudad. A pesar de este retraso, la propuesta sigue vigente y podría ser objeto de discusión en los próximos días.

Esta ordenanza es parte del Proyecto de Ley del Senado 267, una iniciativa cuyo objetivo es otorgar a la ciudad las herramientas necesarias para hacer cumplir las protecciones para inquilinos ya existentes a nivel estatal, pero que aún no se implementan de manera local.

Si la ordenanza es aprobada, obligará a los propietarios a informar previamente todos los costos asociados al alquiler, incluidos los costos de solicitud y verificación. Esto busca aumentar la transparencia y robustecer las protecciones para los arrendatarios en Albuquerque y en todo el estado.

Durante una conferencia de prensa, la concejala del Distrito 6, Nichole Rogers, aseguró que continuará apoyando la ordenanza sobre prácticas de alquiler, a pesar de la solicitud del Concejo de más tiempo para evaluar la propuesta. Rogers subrayó la necesidad urgente de abordar los retos que enfrentan los inquilinos para asegurar justicia y estabilidad en el mercado de vivienda local.

“Tenía la esperanza de poder proporcionar estas necesarias protecciones a los inquilinos de Albuquerque en nuestra última reunión del Concejo”, afirmó Rogers. “Aunque se ha pedido más tiempo para deliberar, los problemas que enfrentan nuestros inquilinos, como tarifas ocultas, falta de transparencia y dificultades para cumplir con el pago del alquiler, no pueden esperar. Debemos actuar de manera expedita”.

Entre las propuestas de la ordenanza se incluye establecer un límite de 50 dólares para las tarifas de evaluación de solicitantes y la exigencia de reembolsar dicho monto en determinadas circunstancias. Además, se reducirían las sanciones por pagos atrasados, se ampliarían los plazos de notificación para incrementos de alquiler y se permitirían sanciones civiles a los propietarios que no cumplan con la regulación.

La propuesta permanece activa y se espera que regrese a la agenda del Concejo Municipal el 21 de enero, fecha en la que podría ser considerada de manera definitiva.