(Salinas, CA).- Un informe emitido por el Departamento del Alguacil del Condado de Monterey ha revelado que en 2025 un total de 21 personas bajo custodia en la cárcel del condado fueron transferidas a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), consumo que representa el doble de los casos documentados en 2024.
Según Andy Rosas, portavoz del Departamento del Alguacil, estas transferencias se realizaron en cumplimiento de la ley estatal SB 54, conocida como el Acta de los Valores de California, la cual regula de manera rigurosa la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración.
Esta legislación, vigente desde 2017, prohíbe a las autoridades locales compartir información confidencial con ICE, excepto en situaciones específicas donde los detenidos enfrentan cargos graves o tienen condenas adicionales según la ley estatal.
“Existen parámetros que determinan cuándo un condado puede actuar. En los 58 condados de California, los crímenes varían en gravedad, incluyendo felonías. Si una persona ha sido condenada por tales delitos, podemos compartir información con ICE sobre ella”, explicó Rosas.
El informe indica que los 21 reos transferidos enfrentaban cargos que abarcan desde posesión de pornografía infantil y violencia doméstica hasta robos, amenazas criminales, agresión con arma mortal y vandalismo. Los datos muestran una notable fluctuación en los últimos años: en 2024 se registraron 11 transferencias; en 2023, solo 3; mientras que en 2022 se reportaron 21 casos similares.
Rosas enfatizó que las personas transferidas habían sido condenadas por delitos contemplados en el Acta de la Verdad. “Estas personas habían sido declaradas culpables de algunos de los crímenes que figuran en el acta. Por tal motivo, 21 individuos fueron trasladados a la custodia de ICE”, afirmó.
Sin embargo, el aumento en las transferencias ha generado preocupación entre varios miembros de la comunidad y organizaciones locales. Johana Tapias, representante de la organización Red de Solidaridad, expresó su inquietud en relación a la colaboración con el gobierno federal. “Debemos anular estos contratos con las autoridades federales. No deberíamos comunicarnos ni colaborar con ICE. Están intentando, ya sea por contrato o no, asociarse con una entidad como ICE, que muchos consideran criminal”, comentó.
Frente a estas críticas, el Departamento del Alguacil reiteró que no participa en la ejecución de legislaciones migratorias. “Nuestra función no está relacionada con problemas de migración”, sostuvo Rosas.
Las autoridades del condado aseguraron que solo comparten información con ICE en aquellos casos que cumplen estrictamente con los criterios establecidos por la ley estatal y que continuarán operando bajo estas pautas.
Fuente original: Noticias Monterey
Por Adriana Frederick Sutton
30 Jan, 2026
