Tijuana.- El feminicidio de la abogada y maestra universitaria Emilia Ortega Aceves conmovió a Tijuana el 18 de noviembre. La comunidad legal, académica y social se manifestó en las calles para exigir justicia por un crimen que ha generado dolor, indignación y profunda preocupación por la creciente violencia en la ciudad. Pocos días después del ataque, las autoridades dieron a conocer la detención de tres personas presuntamente involucradas en el asesinato: Bryan, Daniel y Guadalupe Verónica, uno de los cuales es un menor de 16 años.
Según la Fiscalía de Baja California, estas tres personas fueron aprehendidas a través de órdenes judiciales basadas en las primeras líneas de investigación. Todos ellos están actualmente internados en la Penitenciaría de La Mesa.
La fiscal del estado, María Elena Andrade, describió el rol que habría desempeñado la única mujer del grupo:
“Guadalupe, alias ‘La Vero’, es la mujer que funcionó como avanzada, supervisando el momento propicio para que sus cómplices agredieran a la víctima.”
La participación del menor identificado como Daniel ha encendido nuevamente la alarma sobre el creciente involucramiento de jóvenes en delitos graves, un fenómeno creciente en la frontera.
El Comité Ciudadano de Seguridad Pública ha documentado esta tendencia. Su presidente, Edgardo Flores Campbell, explicó:
“Se les recluta para diversas funciones, desde el halconeo hasta delitos menores y actividades de sicariato.”
El caso de Emilia Ortega no solo revela la brutalidad del crimen, sino también la manipulación y reclutamiento sistemático de adolescentes en actividades ilícitas.
El asesinato de Emilia Ortega generó una respuesta inmediata en la sociedad. Compañeros, colegas, estudiantes y organizaciones de mujeres han exigido que el caso avance sin retrasos ni omisiones.
La presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco, Estefanía Campos, reconoció los avances, pero insistió en que el caso no puede considerarse cerrado:
“Es labor de la Fiscalía llevar esta investigación a fondo. Hay progreso, pero no está finalizada; necesitan investigar más detalladamente.”
Hasta el momento, la Fiscalía ha indicado que el crimen puede estar asociado a su actividad profesional, aunque el móvil final aún no ha sido determinado.
La fiscal Andrade comentó:
“Pueden ser parte del litigio en asuntos relacionados, pero aún no se ha establecido el móvil definitivo.”
La autoridad confirmó que el asesinato se procesará como feminicidio, una figura penal que prevé hasta 50 años de prisión para los responsables. En caso de ser hallados culpables, los detenidos enfrentarían la máxima pena estipulada por la ley en Baja California.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Claudia Orozco
3 Dec, 2025
