César Duarte enfrenta nuevas acusaciones de lavado de dinero en un proceso federal

CHIHUAHUA, México – César Duarte Jáquez, el exgobernador de Chihuahua, se encuentra nuevamente ante la justicia mexicana con un nuevo proceso federal que aumenta la presión sobre su complicado historial judicial. El 8 de diciembre, Duarte fue arrestado en la capital del estado tras la ejecución de una orden de aprehensión federal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con acusaciones de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este nuevo cargo es diferente a los que justificaron su extradición desde Estados Unidos en 2022.

La FGR ha confirmado que esta medida legal se basa en una orden emitida en mayo de 2024, aunque solo se ejecutó recientemente, después de obtener las autorizaciones necesarias para procesar a Duarte por un nuevo cargo. Según la FGR, las acusaciones se centran en actos fraudulentos que involucran lavado de dinero y desvío de recursos públicos. El exsecretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, señaló que las imputaciones son específicas y se refieren a delitos graves como el lavado de dinero.

Duarte ya había enfrentado detenciones previas, siendo arrestado inicialmente en Miami en 2020, antes de ser extraditado a México en 2022 para afrontar cargos estatales por peculado y asociación delictuosa. A lo largo del tiempo, ha cerrado múltiples causas penales, logrando dice su equipo legal, resolver 20 de 21 cargos abiertos en Chihuahua y varios procedimientos administrativos.

A pesar de estos avances, Duarte sigue bajo la lupa de las autoridades estatales y ahora enfrenta un nuevo expediente federal que complica aún más su situación. “Todavía está enfrentando un proceso penal por peculado y asociación delictuosa aquí en el estado de Chihuahua”, comentó su abogado, Juan Carlos Mendoza, quien ha sido la voz principal de la defensa durante este caso.

La defensa argumenta que las acciones de la FGR infringen la regla de especialidad en materia de extradición, que establece que un extraditado solo puede ser procesado por los delitos aprobados. Mendoza sostiene que sin la evidencia suficiente para confirmar las acusaciones iniciales, no se debería proceder con nuevos cargos. “Es ilógico, porque si no se verifica lo primero no se puede acusar de lo segundo”, agregó.

Con la llegada de Ernestina Godoy como la nueva titular de la FGR, que marcó un cambio en el manejo del caso, se obtuvo la autorización para este nuevo proceso federal. Según la defensa, esto provoca un riesgo de doble juicio, ya que los hechos ya fueron analizados anteriormente. El abogado insistió que las decisiones judiciales recientes carecen de fundamento.

El equipo legal también argumenta que estas nuevas acusaciones son un intento de reabrir casos que ya estaban cerrados o eran considerados casi concluídos. Aseguran que no existe riesgo de fuga, ya que Duarte siempre ha cooperado con las autoridades. Con firmeza, el abogado anticipa que el exgobernador se declarará “completamente inocente”.

En espera de próximas audiencias, Duarte permanece en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, mientras su defensa busca que el exmandatario enfrente el proceso en libertad, mencionando también problemas médicos, incluyendo antecedentes cardíacos y cirugías recientes.

Con la proyección de nuevas audiencias, su equipo legal enfatizó que este proceso no debería transformarse en un caso politizado, pidiendo que se evite convertir a las personas en botines políticos. “Es crucial resolver las situaciones de injusticia, porque donde no hay justicia, no hay paz”, concluyó Mendoza, subrayando que el caso de Duarte representa un reto a los principios judiciales que se deben respetar en el país.